El diputado de C’s Madrid, Alberto Reyero, insta al gobierno a que “ponga en marcha un servicio de apoyo a familias en situación de riesgo de pérdida de su vivienda”.

La Asamblea de Madrid ha aprobado con la primera PNL propuesta por Ciudadanos por la que se insta al gobierno de Cristina Cifuentes a “poner en marcha de manera urgente un servicio de apoyo a las familias en riesgo de desahucios”. La iniciativa ha salido adelante con los votos a favor de PP y PSOE y la abstención de Podemos, y tras presentar una enmienda transaccional en al que se insta al gobierno regional a que “se trate de residencia habitual y única, que exista una causa justa de buena fe que haga imposible el pago de la hipoteca y que la unidad familiar se encuentre en situación de vulnerabilidad social”. 

El diputado de Ciudadanos (C’s), Alberto Reyero, ha pedido al gobierno regional a que “ponga en marcha un servicio público de tratamiento del riesgo de desahucio que tan sólo tardaría dos o tres meses en entrar en funcionamiento y supondría un coste cero para las arcas regionales”.

Alberto Reyero ha destacado que “el último informe publicado por el Consejo General del Poder Judicial señala que en 2014 se presentaron 7.109 ejecuciones hipotecarias y se practicaron 2.211 lanzamientos como consecuencia de procedimientos de ejecución hipotecaria” y ha adelantado que “en tan sólo el primer trimestre de 2015 ya se han llegado a cabo 573 lanzamientos como consecuencia de estos procedimientos”.

Por otro lado, el diputado de C’s ha explicado la propuesta del partido que pasa por “un nuevo marco jurídico que permita que aquellas personas físicas que se hayan endeudado demasiado puedan tener una segunda oportunidad” y además, a nivel autonómico, Reyero ha asegurado que “es el sistema de servicios sociales el más indicado para actuar como interlocutor público en coordinación de los servicios sociales municipales”.

Alberto Reyero ha detallado que “las Administraciones Públicos no pueden permanecer impasibles ante un fenómeno que deriva en situaciones que vulneran de facto derechos fundamentales y contenidos en tratados internacionales” y por ello es preciso “hacer un tratamiento individualizado de cada situación y aplicar un arsenal de soluciones posibles mucho más amplio y complejo”.